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¿Es el acuerdo firmado entre gobierno y FARC una réplica de la Ley 975 de Justicia y Paz promovida en el gobierno de Álvaro Uribe? ¿Qué se implementa nuevamente?

Respuesta

Un factor que diferencia los procesos con las AUC y con las FARC es su concepción. El de los paramilitares fue un sometimiento a la justicia, pues nunca tuvieron estatus político, lo que sí ocurre con la guerrilla, considerada interlocutor válido. Sin embargo, esa diferencia también marca la más importante coincidencia entre ambos procesos: en los dos casos han sido creadas jurisdicciones especiales para facilitar una salida jurídica de los combatientes. Para los paramilitares se creó la Ley de Justicia y Paz, que incorporó la alternatividad penal (cesación de procedimientos, suspensión de la pena y condenas benévolas de entre cinco y ocho años de prisión, incluidos los delitos de lesa humanidad). En el caso de las Farc, la situación es parecida, pues se acordó la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz, con aplicaciones de castigos similares, aunque aún está por reglamentar. Otra diferencia grande entre el proceso de Santa Fe de Ralito y el de La Habana es el juzgamiento, la Ley de Justicia y Paz se hizo para desmontar grupos paramilitares; la Jurisdicción Especial para la Paz busca juzgar por igual a guerrilleros y agentes del Estado. En los Tribunales especiales también se encuentran diferencias en el caso de las FARC: se creará un Tribunal Especial para la Paz con magistrados nacionales y algunos extranjeros. para las AUC se crearon Tribunales y Jueces de Justicia y Paz, dentro del propio ordenamiento jurídico interno. En cuanto a las penas alternativas, para las FARC, entre cinco y ocho años de restricción efectiva de la libertad, con vigilancia y control, en sitios por establecer, una medida que cobija a quienes reconozcan su culpa. La misma pena, pero en establecimiento carcelario, a quienes reconozcan tardíamente su responsabilidad. Por último, se estableció una pena de hasta 20 años en prisión efectiva en cárcel para quienes no admitan su culpa y sean condenados en juicio. En el caso de las AUC, todos sus miembros (cabecillas y combatientes rasos) pagaron entre cinco y ocho años de prisión efectiva, independiente del tipo de crímenes que cometieron. En cuanto a la refrendación popular, el acuerdo final con las FARC tendrá que ser aprobado en las urnas, mientas que el acuerdo final con las AUC no contó con refrendación popular, sino reglamentación de la Ley de Justicia y Paz.

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